Fobaproa III


 

 

Aunque las alternativas planteadas por las tres principales fuerzas políticas para mejorar el funcionamiento del sistema financiero del país coinciden en la necesidad de crear un nuevo marco jurídico para vigilar y supervisar la administración de los bancos, proteger a los pequeños y medianos ahorradores y castigar a los funcionarios públicos y empresarios responsables del descalabro bancario, el punto que ha mantenido enfrentadas a los fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI es la posibilidad de convertir en deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), fideicomiso que absorbió las deudas ante las instituciones de crédito después de la crisis de 1994 y que asciende a 552,000 millones de pesos.

Frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo para reformar el sistema bancario, en las que se propone que los contribuyentes asuman el costo de los apoyos a los bancos, los partidos políticos tienen diferentes visiones. Con la sospecha de que existieron malos manejos durante la intervención del gobierno en la crisis financiera la representación del PRD ante el Congreso se negó a reconocer como deuda pública el costo del rescate bancario, por lo menos hasta que no se realice una auditoría para esclarecer las operaciones del Fobaproa. Con el escrito presentado el pasado 16 de julio "Fobaproa: El gran atentado contra la economía. Alternativas para impedirlo", el PRD condicionó la discusión de las iniciativas presidenciales al ofrecimiento de información por parte de la SHCP y la CNBV.

Luego de varias reuniones entre funcionarios de las Secretarías de Gobernación y Hacienda y lo coordinadores parlamentarios, en las que no se alcanzaron consensos sobre las propuestas del Ejecutivo federal, el PAN lanzó al mes siguiente su "Propuesta de solución integral a la Crisis Bancaria". Con el afán de buscar equilibrio entre la postura gubernamental y del PRD, el partido blanquiazul se pronunció en favor de las auditorías al Fobaproa sólo para reducir el costo fiscal de la intervención bancaria. Los legisladores del PAN simpatizaron con la idea de no retrasar el debate hasta la conclusión de las auditorías y resolvió incluir el tema financiero en el periodo ordinario de sesiones que arrancó el 1 de septiembre.

El PRI fue el más interesado en agilizar el análisis de las iniciativas del Ejecutivo para que el tema del Fobaproa no obstaculizara la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de 1999 y no crearan incertidumbre en los mercados financieros. Para ello, el 23 de agosto también anunció su propuesta, donde sugiere que la deuda pública del Fobaproa se reduzca en cuando menos 30%, es decir, que de los 552,000 millones de pesos, 387,000 millones sean reconocidos por el Congreso como carga fiscal, para lo cual los dueños de los bancos tendrían que asumir un costo de 82,000 millones de pesos como parte de los riesgos que asumieron al vender cartera vencida al gobierno.

 

Las propuestas presidenciales levantan polémica

Hasta antes del mes de marzo, cuando el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para eficientar el sistema bancario mexicano, los legisladores no habían entrado en controversia sobre el apoyo gubernamental a los bancos que quebraron tras la crisis de 1994-1995, cuando personas físicas y morales se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas ante las instituciones de crédito por la espectacular devaluación del peso y el disparo de las tasas de interés.

Aunque ya se habían identificado una serie de irregularidades en la administración de los bancos antes de la crisis --autopréstamos, créditos cruzados, operaciones con empresas fantasma, desviación de fondos-- la intervención del gobierno para impedir el colapso financiero fue comprensible, no sólo por la importancia de los bancos en el flujo de recursos para el proceso productivo de la nación, sino porque se daba por hecho que aquellos banqueros que incurrieron en malos manejos tendrían que asumir el costo económico del quebranto.

La discordia empezó cuando el Presidente de la República propuso traspasar el monto del rescate bancario a deuda de los contribuyentes sin seleccionar carteras vencidas de "buena y mala calidad". Los primeros en reaccionar fueron los diputados del PRD. Según Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, "el gobierno no pretende ocultar los atropellos y fraudes financieros que se han cometido en los últimos nueve años al pretender socializar las deudas de los banqueros", cuyo monto en deuda pública pasaría del 25.4 al 42.2% del PBI, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Para defender la postura oficial, a principios de abril, fue citado a comparecer ante los diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría, quien reconoció que de los 552,000 mil millones de pesos de los pasivos del Fobaproa, sólo el 30% es recuperable. Al señalar que "la intervención del gobierno para sanear y capitalizar a la banca evitó no sólo el colapso del sistema financiero, sino el de la economía nacional", Gurría aseguró que de los 18 bancos intervenidos, 13 se fueron a la quiebra total. El gobierno tenía previsto que el Congreso aprobara las iniciativas antes del 30 de abril, pero la división de opiniones postergó el debate.

Al respecto, tanto el panista Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, como el priísta Angel Aceves Saucedo, presidente de la Comisión de Hacienda, coincidieron en transparentar las operaciones del Fobaproa antes de solventarlas con recursos de los contribuyentes. Mientras Hamdan criticó la incapacidad del sistema financiero para su capitalización y la apertura a la inversión extranjera, Saucedo indicó que los responsables de la crisis bancaria son "pillos que están fuera y dentro de las instituciones de crédito".

Días después fue llamado a comparecer el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien a principios de la presente década, como subsecretario de Hacienda, participó en la creación del Fobaproa y, como presidente del Comité de Desincorporación Bancaria, encabezó la venta de bancos en 1991. Sobre la iniciativa presidencial de cederle al Banco Central plenas facultades en la política cambiaria, Ortiz rechazó que la autonomía de la institución pretenda constituirla en un poder fuera del ámbito del Estado y ratificó que su gestión no dejaría de rendir cuentas al Congreso y a la sociedad.

De acuerdo con el texto "La política económica en México, 1950-1994" de Enrique Cárdenas, en 1991 los 18 bancos vendidos significaron un ingreso de 37,800 millones de nuevos pesos, mientras que el desembolso para sacarlo de la crisis en 1994 asciende a 552,000 millones. Los pasivos del Fobaproa representan siete veces lo recaudado en un año por concepto de IBA, dos tercios del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. Asimismo, según información de la CNBV, de los 500,000 créditos otorgados que obran en poder del Fobaproa, unos 400 pertenecen a grandes grupos económicos y representan el 50% de los pasivos, cuyas deudas son superiores a 50 millones de pesos.

 

El secreto bancario

Desde mediados de abril fueron insistentes los llamados de la SHCP a las fracciones del Congreso para comenzar la discusión del paquete financiero propuesto por el Ejecutivo, no obstante los partidos de oposición acordaron discutir únicamente reformas a la Ley de Servicios de Tesorería y la que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior, declarado en quiebra. Inicialmente PAN, PRD, PT y PVEM aceptaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones en mayo o junio pasados para debatir las iniciativas referentes a la autonomía del Banco de México, la desconcentración de la CNBV y el Fobaproa, pero conflictos en torno a la proporción de información de la SHCP al Congreso y al secreto bancario frustraron el plan.

Mientras la dirigencia priista en el Congreso advertía sobre desestabilidad en los mercados financieros por el retraso en la aprobación del paquete fiscal, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez, hizo contacto con las bancadas de los tres principales partidos para promover la discusión en el Congreso. Por su parte, el director del Fobaproa, Javier Arrigunaga, informó a la Comisión de Hacienda que los principales beneficiarios de la intervención gubernamental fueron Banamex, Cremi, Unión, Confía y Serfín, pero se negó a ofrecer nombres de titulares de los créditos.

A principios de mayo, al tiempo que la Comisión de Vigilancia ofrece un informe preliminar a las oficinas que auditarán las operaciones del Fobaproa, los diputados del PAN ratifican su rechazo a que los pasivos del fideicomiso pasen a deuda pública en virtud de que " tienen indicios" de que los banqueros beneficiados de los créditos depositaron grandes sumas de dinero en bancos extranjeros. El diputado Eduardo Mendoza Ayala afirmó que debido a que varios empresarios cuentan con solvencia económica suficiente como para afrontar los quebrantos bancarios, las auditorías se realizarán banco por banco "aunque la discusión se posponga hasta después de septiembre".

Seguía pasando el tiempo, y la posibilidad de emprender el análisis de las propuestas del presidente Ernesto Zedillo no sólo parecía postergarse al periodo ordinario de septiembre, sino que amenazaba con realizarse hasta el término de las auditorías, es decir, a finales de año. Con esta presión y para animar a los grupos parlamentarios a discutir las reformas financieras, los diputados del PRI se pronuncian en favor de incrementar las penas contra delincuentes de "cuello blanco" y considerar sus acciones como delito grave. El legislador Angel Aceves vuelve a referirse a "los pillos" que hacen negocios a costa de la salud de las finanzas públicas.

A mediados de mayo, la Cámara de Diputados dio luz verde al trabajo de las compañías aprobadas para realizar las auditorías a las transacciones del recate bancario. En el entendido de que cerca de la mitad de los 500,000 créditos en poder del Fobaproa pertenecen a unos 600 grandes empresarios y son mayores a 50 millones de pesos, los parlamentarios confían en que del estudio de esos créditos podrá identificarse el presunto desvío de recursos. Cuando parecía que el debate legislativo tenía posibilidades de ser por el incipiente acercamiento entre partidos, la discusión sobre el paquete fiscal vuelve a recuperarse cuando el director del Fobaproa, Javier Arrigunaga, condiciona la entrega de información del Congreso por la no violación del secreto bancario.

A pesar de que el PRI sigue ostentado la mayoría absoluta en el Senado, los legisladores de la oposición en la Cámara Alta descartan la realización de un periodo extraordinario para evaluar la reforma financiera, por lo menos, hasta que no se aclare si con el Fobaproa se beneficiaron sectores pudientes. En tanto, los diputados del PRD acordaron solicitar juicio político contra el ex secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al ex gobernador del Instituto Central, Miguel Mancera, quienes, según los perredistas, son los responsables de los vicios en la administración de los bancos y los protagonistas en las operaciones del Fobaproa.

El de por sí controvertido tema se tornó espinoso cuando, el 17 de mayo, una investigación secreta por parte de Estados Unidos, denominada Operación Casablanca, acusó a bancos mexicanos de participar en lavado de dinero. Mientras un estudio preliminar de las auditorías destacó la ilegalidad del Fobaproa debido a la utilización de recursos públicos sin autorización del Congreso y a la falta de especificación sobre el importe máximo del respaldo estatal hacia los bancos, el legislador Fauzi Hamdan reconoció que en las operaciones del fideicomiso podrían existir ilícitos como el narcotráfico y lavado de dinero. La reforma financiera se volvía más lejana.

Sólo el atascamiento del debate pudo congregar a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El 26 de mayo tuvo lugar una reunión de Alto Nivel entre los titulares de Gobernación, Hacienda y el Banco de México, y los coordinadores parlamentarios. La oposición aceptó dictaminar las iniciativas presidenciales sobre la autonomía del Banco Central, la capitalización de los bancos y la descentralización de la CNBV, pero no la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa.

Sin reducir su beligerancia en el caso del salvamento a los bancos, durante los primeros días de julio el PRD acusa a los beneficiarios del fideicomiso de poseer cuentas bancarias en el extranjero y anuncia la realización de una consulta popular para el 30 de agosto con el fin de hacer participar a la sociedad en el debate. Al mismo tiempo, la subcomisión de la Cámara de Diputados para investigar el rescate bancario propone citar a comparecer al ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe; al ex gobernador del Banco de México, Miguel Mancera; a Eduardo Fernández, presidente de la CNBV; y a Guillermo Ortiz, gobernador del Banco Central, así como a los directivos de Banca Serfín, Banpaís, Unión y Cremi. En la lista también aparecen Fernando Canales Clariond, Gobernador de Nuevo León y ex presidente administrativo de Banca Confia, José Madariaga, ex presidente de la CNBV y directivo del Banco Bilbao Vizcaya.

 

La lista del PRD y la polarización de las alternativas

El distanciamiento entre el gobierno y la oposición sobre el destino de la deuda por la intervención bancaria llegó a un punto crítico cuando el PRD formalizó la realización de la consulta popular y publicó, el 16 de julio, su propuesta para el caso Fobaproa con la que confirma su negativa de traspasar a los contribuyentes la deuda y sugiere restricciones a la inversión extranjera en los bancos mexicanos, así como concentrar la ayuda gubernamental sólo a pequeños y medianos ahorradores. La dirigencia del PRI y el gabinete económico no tardaron en criticar la postura perredista, a la cual acusaron de propiciar unilateralmente el rompimiento del diálogo sobre la reforma del sistema financiero y de poner en duda la viabilidad de las instituciones.

Para destrabar el diálogo, el 24 de julio la oposición solicita al secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, información sobre las transacciones del Fobaproa. Aludiendo la defensa del secreto bancario, el responsable de la política interior se declara incapacitado para proporcionar datos sobre el salvamento de los bancos y se limita a decir que el gobierno "no tolerará ningún ilícito en el caso Fobaproa". Por enésima vez, la oposición amenaza con dejar el diálogo si persiste el Poder Ejecutivo en dosificar la información. El panorama se vuelve incierto cuando el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario de la Comisión de Hacienda, revela que el Fobaproa auxilió a especuladores y que las empresas intervenidas por el gobierno durante la crisis cotizan en la Bolsa de Valores y tienen inversiones en el extranjero.

Antes de solicitar información sobre el fideicomiso a las Secretarías de Hacienda y Gobernación, la diputación del PRD ya había advertido su intensión de publicar una primera lista de aquellos empresarios y accionistas bancarios que se beneficiaron del Fobaproa si no se otorgaba el pleno acceso de las auditorías a los datos confidenciales de la operación bancaria. Tras sucesivas reuniones con los poderes Ejecutivo y Legislativo que resultaron infructuosas respecto a la demanda de información detallada, la dirigencia perredista cumplió su amenaza y difundió los nombres. El partido del sol azteca aprovechó la ocasión para denunciar que en los pasivos del Fobaproa existen recursos con los que se financiaron las campañas del PRI.

Al puntualizar que de los 552,000 millones de pesos, la quinta parte se concentra en sólo 310 créditos, el PRD puso en evidencia a decenas de empresarios que presuntamente se beneficiaron del Fobaproa. El presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es "inmoral e inconstitucional" que se trate de absorber a la deuda pública lo que deben empresarios y banqueros, " algunos de ellos considerados entre los hombres más ricos del mundo y otros que forman parte del comité de financiamiento del PRI" en la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y de otros gobernadores del país.

 

 El recordatorio en el IV Informe de Gobierno

Hasta el día de la publicación de la lista, PAN y PRD presentaban grandes coincidencias en el tema del Fobaproa. A partir de ese momento, acaso el más tenso en el transcurso de la discusión, el grupo parlamentario blanquiazul encontró mayores afinidades con la propuesta del PRI. De hecho, días después de difundirse la lista, PAN y PRI acordaron que la información del Fobaproa fuera entregada sin nombres al Congreso, así como datos sin restricciones a los auditores. Con el argumento de que la confidencialidad en las operaciones bancarias contribuye a la estabilidad de los mercados financieros, los diputados del PRI, José Estefan Chidiac, y del PAN, José Paoli Bolio, se pronunciaron en favor del secreto bancario.

Actualmente, la polémica está centrada en la posibilidad de dictaminar en el período ordinario de sesiones, que inició el 1 de septiembre, las reformas al sistema financiero propuestas por el Ejecutivo, incluido el Fobaproa. En virtud de que las auditorías al fideicomiso culminarán tentativamente en febrero del año próximo, tanto los diputados del PRI como del PAN apoyan la tesis de agilizar la discusión del paquete financiero antes de ocuparse del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1999, asunto que requiere alto grado de atención. La fracción perredista, por su parte, basada en la consulta popular del 30 de agosto donde, según cifras del partido, más del 90% de los consultados se manifestó en contra de las iniciativas presidenciales, esperará el resultado de las auditorías.

En este contexto, la urgencia de sanear el sistema de bancos, mejorar sus administración, supervisar su funcionamiento y fomentar su capitalización sigue pospuesto mientras los partidos no encuentren consensos. Por lo pronto, en su IV Informe de Gobierno, el presidente Ernesto Zedillo convocó de manera tácita al Congreso a sacar adelante el paquete financiero. Al admitir que "una parte sustancial del quebranto bancario" obedeció a negligencia y fraudes de administradores, ejecutivos y accionistas bancarios, Zedillo sostuvo que no escatimará esfuerzos para que "los llamados delincuentes de cuello blanco reciban el mayor castigo posible" y lamentó que las leyes permitan a quienes cometieron abusos en el rescate financiero "burlar el marco jurídico", con lo cual destacó la necesidad agilizar el proceso legislativo al respecto.

En congruencia con los planteamientos de sus iniciativas de ley en materia financiera, el jefe del Ejecutivo aseguró que "nunca lamentará" haber actuado con decisión en el salvamento bancario. "El gobierno --subrayó-- no tuvo la alternativa de escoger el costo de evitar la quiebra del sistema bancario o no pagarlo. El gobierno tomó la decisión de evitar bajo cualquier circunstancia la quiebra del sistema financiero, ya que ésta hubiese significado el colapso total de la economía del país y habría acarreado un costo social muy grave a la de por sí carga que sufrió la población durante 1995".

Quedó, pues, de manifiesto la corresponsabilidad del Congreso de la Unión de destrabar el análisis del paquete financiero para garantizar que los bancos vuelvan a consolidarse como instrumentos del desarrollo del país e intermediarios del proceso productivo nacional.

En el marco de la glosa al IV Informe de Gobierno del presidente Zedillo, el 9 de septiembre volvió a comparecer ante la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, quien reitero la voluntad del Ejecutivo de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa. Con el argumento de que retrasar la transferencia del salvamento bancario a la deuda nacional podría provocar costos mayores a la sociedad, Gurría exhortó a los legisladores a emprender a la brevedad posible la aprobación de las iniciativas presidenciales para la reforma del sistema financiero.

En una sesión que se caracterizó por la hostilidad de algunos congresistas hacia el encargado de las finanzas públicas, las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PT y PVEM denunciaron el carácter inconstitucional de las operaciones de Fobaproa y reafirmaron su postura de no aprobar la iniciativa presidencial de transformar en deuda pública los pasivos del fideicomiso. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el panista Fausi Hamdan, aprovechó el encuentro para denunciar el proyecto económico del actual gobierno que, según el legislador, ha convertido a México en uno de los diez países del mundo con mayor desigualdad social.

Al día siguiente, la SHCP entregó a la Cámara de Diputados un paquete de información que incluye los nombres de los beneficiarios del Fobaproa. Una semana antes, el Gobierno Federal ya había entregado un primer paquete con información estadística de las operaciones del rescate bancario, con los criterios utilizados para la compra de cartera vencida y montos del salvamento. De esta forma, el Ejecutivo atendió una de las demandas del Congreso para iniciar el debate sobre las reformas al sistema financiero.

Fue hasta el 14 de septiembre, seis meses después de que el presidente Zedillo sometiera al dictamen del Poder Legislativo el paquete de iniciativas del ley para reestructurar la actividad bancaria, que ambas instancias alcanzaron un punto de acuerdo. Los coordinadores de los cinco partidos políticos representados en el Congreso y los secretarios de hacienda y Gobernación firmaron un "acuerdo marco" para dar inicio al análisis de las propuestas presidenciales que incluye nueve principios básicos.

En primer lugar, se acordó crear dos comisiones especiales: una, que se encargaría de estudiar el fortalecimiento de las políticas financiera, cambiaria y monetaria, así como de la regulación y supervisión de las instituciones de crédito; otra, encargada de analizar y contrastar las posiciones sobre la constitucionalidad y legalidad de las operaciones del Fobaproa, y de la posibilidad de convertir en deuda pública los costos del rescate bancario.

Se acordó también proporcionar certidumbre jurídica para sanear el sistema financiero mediante reformas legales que lo fortalezcan y lo orienten en beneficio de la inversión y creación de empleos. Se dará transparencia al manejo del Fobaproa, freno a la presunta impunidad y castigo con todo el rigor de la ley a quienes se hubieran beneficiado o hayan permitido algún tipo de ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario.

La llamada reunión de Alto Nivel se propuso abatir el costo de la solución al quebranto bancario con la depuración de sus pasivos y de la recuperación al máximo de la venta de sus activos, apoyar a los pequeños y medianos deudores, y realizar en forma transparente y eficaz la venta de los bienes en poder del Fobaproa en el marco institucional más adecuado.

Finalmente, el documento firmado por los poderes Ejecutivo y Legislativo contempla buscar la mayor equidad en la distribución de los costos del rescate bancario con pleno respeto a los derechos de los involucrados, y reformar el marco jurídico para garantizar el mejor desarrollo de los negocios financieros.

GOBIERNO Y PARTIDOS FRENTE AL FOBAPROA PODER EJECUTIVO

  • Establecer un nuevo marco jurídico para hacer más solventes a los bancos ante contingencias económicas, mejorar la supervisión de las instituciones y facilitar su capitalización.
  • Crear, en sustitución del Fobaproa, el Fondo de Garantía de Depósitos con el objetivo de proteger a los pequeños y medianos ahorradores y minimizar las obligaciones del Estado en el respaldo bancario.
  • Para recuperar al máximo los activos del Fobaproa y vigilar los procesos de apoyo y liquidación de bancos se creará la Comisión de Recuperación de Bienes.
  • Convertir los 552,000 millones de pesos que representan los pasivos del Fobaproa en deuda pública.
  • Transformar a las CNBV en órgano descentralizado del Banco de México y dotarla de mayores facultades en la supervisión administrativa de los bancos.
  • Otorgarle plenas facultades al Banco de México en materia de política cambiaria.
  • Disolver al Banco Nacional de Comercio Interior y a la Sociedad Nacional de Crédito debido a su ineficacia como banca de desarrollo.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

  • Se rechaza convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública por considerarlo violatorio a la Ley General de Deuda Pública.
  • Someter a auditorías los grandes créditos del fideicomiso con la previa renuncia del presidente de la CNBV y del gobernador del BM.
  • Antes de la desaparición del Fobaproa se propone crear un organismo de protección a los depósitos de los ahorradores no superiores a 50,000 millones de pesos.
  • Subsidiar las tasas de interés para deudores menores en créditos de consumo, de automóvil, transporte público, hipotecarios, agropecuarios, industriales y comerciales.
  • Fincar responsabilidad administrativa, política y penal a los causantes de la crisis bancaria e incurrieron en ilícitos.
  • Reformar el sistema bancario a través de una legislación que fortalezca su vigilancia y supervisión.
  • Restricciones legales a la inversión extranjera en bancos nacionales y convertir a la CNBV en un órgano autónomo.
  • Que el Congreso busque la restitución de los recursos de carteras pagables para disminuir el quebranto bancario.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)

  • Determinar el monto de los pasivos del Fobaproa que pasarían a la deuda pública a partir de las auditorías a las operaciones del rescate bancario.
  • Detectar el valor de los activos del Fobaproa, determinar el monto de las pérdidas irrecuperables y examinar irregularidades administrativas de los bancos.
  • Creación del Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios para proteger a ahorradores, recuperar los activos del Fobaproa y supervisar transacciones.
  • Aplicar descuentos a los créditos hipotecarios, para la pequeña y mediana industria y para el sector agropecuario y pesquero.
  • Consensar asignación equitativa de los costos económicos ante bancos, deudores y contribuyentes.
  • Maximizar la cobranza de cartera vencida y fincar responsabilidad a los bancos y deudores incumplidos.
  • Aplicar todo el peso de la ley a funcionarios públicos, banqueros o clientes para que sean castigados y devuelvan el dinero mal habido.
  • Reforma integral del sistema financiero y revisión del marco legal, penal y mercantil para evitar nuevas crisis bancarias.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI)

  • Reducir cuando menos en 30% el monto de los pasivos del Fobaproa que pasarían a la deuda pública y que los bancos asuman el porcentaje de los riesgos que adquirieron con la compra de cartera.
  • Descuentos entre 30 y 60% a créditos hipotecarios, agropecuarios, pesqueros, comerciales e industriales pequeños y medianos que justifiquen incapacidad para cubrir sus adeudos.
  • Apoyar las auditorías que realiza la Cámara de Diputados para identificar posibles irregularidades en las operaciones del Fobaproa.
  • Otorgar garantías a los cuentahabientes con ahorros de hasta un millón de pesos para protegerlos de eventuales crisis bancarias.
  • No conceder libertad bajo fianza a los delincuentes de "cuello blanco" y castigarlos con mayor rigor.
  • Instaurar la figura del Defensor de los Usuarios de los Bancos para respaldar a los ahorradores.
  • Apoyo a la decisión del gobierno federal de intervenir en el rescate del sistema financiero durante la crisis de 1994-1995.

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